¿Sólo contar a los muertos?

La derrota del estado mexicano ante la violencia desmedida desatada en los últimos años en nuestro país ha tomado carta de naturalización, sobre todo cuando vemos que lo único que hacen las autoridades es llevar la cuenta de cuántos muertos hay día a día en las plazas más disputadas como Ciudad Juárez, Guadalajara y otras ciudades azotadas por la violencia sin fin.
La incapacidad del gobierno es el reflejo de su claudicación ante la avalancha de delitos, por lo que ha optado por retirarse en la práctica de su labor fundamental que es la de dar seguridad a sus ciudadanos.
El recuento de los muertos con la única explicación de que se trata de delincuentes no es lo que una sociedad civilizada espera de quienes son los encargados de mantener el sistema de justicia en el país. No por ser delincuentes está bien que sean asesinados, y la política de exterminio nunca ha sido la solución para problemas sociales.
Un duelo de pistoleros y la utilización irrestricta de la fuerza letal no pueden ni deben ser asumidas como políticas de estado, a menos que se trate de un estado en franco proceso de descomposición, al que lo más precioso de los seres humanos que es la vida le resulta fútil, como parece ser el mexicano.
La barbarie de la matanza irrestricta, atizada por una lógica maniquea en la que los buenos pueden matar a los malos, porque son los buenos y los malos pueden ser asesinados porque son los malos no es, no puede ser, una justificación para los miles de muertos y desaparecidos, mucho menos desde la óptica de un estado civilizado.
Hacer de la defensa de los derechos humanos un estigma para supuestamente favorecer a los delincuentes, únicamente coadyuva a la violencia irrefrenable en contra de los presuntos infractores de la ley, haciendo olvidar a la sociedad que el deber del estado es vigilar el cumplimiento de la ley y no la venganza colectiva. Irremediablemente cuando un estado empieza a matar supuestos culpables termina matando a muchos inocentes.

Hora de actuar

El país se encuentra sumida en controversias internacionales debido a la actuación de sus encargados de proporcionar seguridad y administrar justicia; por un lado el caso de la Florence Cassez que ha causado tanta polémica tensión en las relaciones bilaterales con Francia, donde ha quedado más demostrado la “actuación” –en el sentido histriónico- de la policía dirigida por Genaro García Luna, lo que ha puesto en entredicho la condena de la francesa, puesto que, independientemente de si realmente es o no culpable, lo que sí ha quedado claro es la fabricación mediática de la detención, poniendo en entredicho lo relativo al debido proceso de la inculpada.
El gobierno mexicano ha preferido defender a García Luna y sus montajes, ya que el de la francesa no ha sido el único, a buscar la verdad y la justicia, escudándose en la independencia de poderes y la soberanía nacional, sin que exista por lo menos una intención de detener los excesos protagónicos y publicitarios del poderoso Secretario de Seguridad Pública quien sigue cobijado por el presidente Calderón más allá de toda lógica política.
Por otro lado, en las últimas horas se ha sumado el asesinato de un agente estadounidense como consecuencia de un ataque en la carretera a San Luis Potosí, provocando una rápida y estruendosa reacción de los Estados Unidos exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la detención de los culpable para hacerlos pagar por sus delitos.
Este último hecho puede ser la gota que derrame el vaso y lleve a que (¡por fin!) el gobierno mexicano tome acciones asertivas y caigan los encargados de la seguridad en el país, que durante el sexenio lo único que han logrado es el repudio unánime de los mexicanos y, por los casos señalados, ahora también de los extranjeros.
México parece ser el único país del mundo donde las acciones de los funcionarios públicos están lejos de traerles consecuencias, sin que importe el tamaño o proporción de sus desatinos y torpezas; prueba de ello son los casos de la guardería de Hermosillo donde fallecieron 49 infantes, los asesinatos múltiples que vivimos a diario que simplemente son contabilizados pero no investigados y los múltiples “daños colaterales” que han ocurrido en la llamada guerra contra el crimen, sin que ningún funcionario de alto nivel haya sido llamado a cuentas por sus acciones u omisiones.
Tal vez el sacrificio del agente estadounidense sea el punto de inflexión que lleve a los responsables de la conducción del país para tomar acciones enérgicas, así estas estén motivadas por las presiones internacionales.

Morir como moscas

La derrota del estado mexicano ante la violencia desmedida desatada en los últimos años en nuestro país ha tomado carta de naturalización, sobre todo cuando vemos que lo único que hacen las autoridades es llevar la cuenta de cuántos muertos hay día a día en las plazas más disputadas como Ciudad Juárez, Guadalajara y otras ciudades azotadas por la violencia sin fin.
La incapacidad del gobierno es el reflejo de su claudicación ante la avalancha de delitos, por lo que ha optado por retirarse en la práctica de su labor fundamental que es la de dar seguridad a sus ciudadanos.
El recuento de los muertos con la única explicación de que se trata de delincuentes no es lo que una sociedad civilizada espera de quienes son los encargados de mantener el sistema de justicia en el país. No por ser delincuentes está bien que sean asesinados, y la política de exterminio nunca ha sido la solución para problemas sociales.
Un duelo de pistoleros y la utilización irrestricta de la fuerza letal no pueden ni deben ser asumidas como políticas de estado, a menos que se trate de un estado en franco proceso de descomposición, al que lo más precioso de los seres humanos que es la vida le resulta fútil, como parece ser el mexicano.