La derrota del estado mexicano ante la violencia desmedida desatada en los últimos años en nuestro país ha tomado carta de naturalización, sobre todo cuando vemos que lo único que hacen las autoridades es llevar la cuenta de cuántos muertos hay día a día en las plazas más disputadas como Ciudad Juárez, Guadalajara y otras ciudades azotadas por la violencia sin fin.
La incapacidad del gobierno es el reflejo de su claudicación ante la avalancha de delitos, por lo que ha optado por retirarse en la práctica de su labor fundamental que es la de dar seguridad a sus ciudadanos.
El recuento de los muertos con la única explicación de que se trata de delincuentes no es lo que una sociedad civilizada espera de quienes son los encargados de mantener el sistema de justicia en el país. No por ser delincuentes está bien que sean asesinados, y la política de exterminio nunca ha sido la solución para problemas sociales.
Un duelo de pistoleros y la utilización irrestricta de la fuerza letal no pueden ni deben ser asumidas como políticas de estado, a menos que se trate de un estado en franco proceso de descomposición, al que lo más precioso de los seres humanos que es la vida le resulta fútil, como parece ser el mexicano.
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