El robo de las pensiones

Una muestra más de que en México se busca la simulación del apego a las leyes, lo que convierte al sistema judicial en legalista y no justo, es la resolución del pasado 9 de junio de la Suprema Corte de Justicia que busca condenar a un retiro miserable a los trabajadores que hemos cotizado en IMSS desde hace más de veinte años, al establecer que el límite para calcular la pensión deben ser 10 salarios mínimos vigentes en Distrito Federal en lugar de los 25 que se han venido considerando, lo que en resumen reduce hasta en un 60% la renta que recibiría un pensionado con cotizaciones históricas (durante las últimas 250 semanas) en el tope, es decir con sueldos superiores a $43,000.00 mensuales; con la reforma dicha renta mensual sería máximo de cerca de $14,700.00. ¿Y la diferencia cotizada? Bien gracias, literalmente se la robará el IMSS.
El director actual del IMSS, Daniel Karam, salió rápidamente a decir que las pensiones actuales no serán tocadas, como si la promesa de un político en México tuviera algún valor; y aclaró que en adelante el Instituto tendrá que resolver qué hará con las pensiones de quienes estamos en el supuesto que se ha comentado pero que aún no somos pensionados. En pocas palabras, ya nos fregaron, o eso pretenden.
Es cierto que el IMSS está en una posición financiera muy comprometida, pero eso no es culpa de los trabajadores ni de los patrones, sino de quienes han administrado con criterios patrimonialistas y extrema corrupción sus recursos. También hay que reconocer que no necesariamente esos malos administradores son los que ahora están al frente del Instituto, pero lo que sí se puede decir de ellos es que en lugar de buscar a los verdaderos culpables, perseguirlos y hacerles pagar sus errores, buscan que los patrones y los trabajadores paguemos los platos rotos.
Veremos en qué parará todo este asunto, que es un verdadero atraco a quienes hemos cotizado, tanto patrones como trabajadores, y que por errores tanto de administración como de técnica jurídica y administrativa en las reformas que se han llevado a la práctica en 1992 y 1997, han puesto en un estado de indefensión a los futuros pensionados, buscando aplicar la ley pero dejando de lado la justicia.