El caso de Banamex es una muestra más de cómo el gobierno del presidente Calderón se ha olvidado del principio fundamental que obliga al gobierno en México, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes que de ella emanan; y eso queda claro cuando rompiendo todas las formas y estableciendo un muy mal precedente, la Secretaría de Hacienda hizo pública su determinación de no hacer nada ante la violación de las leyes mexicanas sobre la banca por parte de Citigroup, toda vez que el Tesoro de los Estados Unidos es propietario de 36% de dicho grupo financiero que, a su vez, es propietario de Banamex en México, cosa prohibida por la leyes mexicanas, pese a que éstas sean consideradas anticuadas por la dependencia que dirige Agustín Carstens.
Cuando funcionarios de primer nivel en México se han pasado semanas desgarrándose las vestiduras por las declaraciones de algunos funcionarios estadounidenses sobre la situación de estado fallido en el caso de México, resulta lamentable que uno de los indicadores que la ONU tiene para calificar o no de fallido a un estado, que es el relativo a la aplicación de las leyes, es decir, hacer cumplir la ley, de forma inmediata, transparente y sin excepciones simplemente se pase por alto en el caso que señalamos de Banamex, con toda intención y violando la ley desde cualquier punto de vista.
Ante esta situación cabe preguntar qué se hace y cómo se resolverá la parte relativa a los conflictos de interés que pueden darse entre las directrices de Tesoro de Estados Unidos y los servicios que Banamex proporciona a los mexicanos.
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